Abogado concursal en Albacete

La ley obliga a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocerse el estado de insolvencia actual. Retrasarlo puede llevar a que el concurso se califique como culpable, con responsabilidad para los administradores.

Sí, en determinados supuestos. Por ejemplo, si no convoca la junta para disolver la sociedad cuando concurre una causa legal, como pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, o si el concurso se califica como culpable.

Desde la reforma de 2022 existe el llamado concurso sin masa, que permite tramitar la insolvencia de forma más sencilla cuando la empresa carece de bienes suficientes. Se lo explicamos en este artículo.

Es una herramienta para que una empresa viable con dificultades reorganice sus deudas antes de llegar al concurso. Se negocia con los acreedores agrupados por clases y, si el juez lo homologa, puede imponerse incluso a algunos acreedores que no lo han aceptado. Comunicar al juzgado el inicio de las negociaciones paraliza durante tres meses, prorrogables, la mayoría de las ejecuciones contra los bienes necesarios para la actividad.

Es el que se califica así cuando la insolvencia se ha causado o agravado por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores, por ejemplo por no llevar la contabilidad, por sacar bienes del patrimonio de la empresa o por no solicitar el concurso a tiempo. Puede suponer la inhabilitación de los administradores y su condena a cubrir, total o parcialmente, el déficit que quede sin pagar.

Sí. Las personas físicas, incluidos los autónomos, pueden obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, quedar liberadas de las deudas que no puedan pagar. Hay dos vías: liquidar sus bienes o cumplir un plan de pagos de entre tres y cinco años que, en muchos casos, permite conservar la vivienda. Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social solo se perdonan con ciertos límites, y algunas, como las pensiones de alimentos, no pueden exonerarse.

Quedan fuera, entre otras, las pensiones de alimentos, las responsabilidades derivadas de delito y determinadas multas y sanciones. Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social solo pueden cancelarse hasta 10.000 euros por cada organismo: los primeros 5.000 euros íntegramente y, a partir de ahí, el 50 %.

No necesariamente. La ley permite obtener la cancelación de deudas con un plan de pagos sin liquidar el patrimonio, lo que puede permitir conservar la vivienda habitual si se sigue pagando la hipoteca. Si se opta por la liquidación, en cambio, los bienes se venden para pagar a los acreedores. Hay que estudiar qué vía conviene en cada caso.

Sí. Declararse en concurso o acogerse a la Segunda Oportunidad no impide seguir con la actividad. Al contrario, mantener los ingresos es muchas veces lo que hace posible un plan de pagos y la cancelación de las deudas que no se puedan atender.

Comunicar su crédito a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación de la declaración de concurso en el BOE, con los documentos que lo justifiquen. Si se comunica tarde, el crédito puede quedar subordinado y cobrarse en último lugar.

La ley clasifica los créditos en privilegiados —con privilegio especial, como los garantizados con hipoteca, o general, como parte de los salarios y de las deudas públicas—, ordinarios y subordinados. Primero cobran los privilegiados, después los ordinarios y por último los subordinados. Revisar que el crédito esté bien clasificado es clave para cobrar.

Es un aviso al juzgado de que la empresa está negociando con sus acreedores. Durante tres meses protege frente a muchas ejecuciones y da tiempo para alcanzar un plan de reestructuración. Si no hay acuerdo, la empresa insolvente debe solicitar el concurso en el mes siguiente.

No necesariamente. El concurso permite seguir con la actividad mientras se busca una solución, bajo la supervisión de la administración concursal. El objetivo puede ser un convenio con los acreedores, la venta de la unidad productiva o, si no es viable, la liquidación ordenada.

Ser deudor de buena fe: no haber sido condenado por determinados delitos ni sancionado por infracciones tributarias o de Seguridad Social muy graves en los últimos diez años, no haber obtenido una exoneración reciente y colaborar con el juzgado. Revisamos su caso antes de iniciar el procedimiento.

Con carácter general, tres años. Se amplía a cinco si el deudor conserva su vivienda habitual. Durante ese tiempo paga lo que el plan establezca según sus ingresos y, al terminar, el resto de las deudas exonerables queda cancelado.

Sí. El concurso del deudor principal no impide reclamar a quienes lo avalaron, y la cancelación de deudas que obtenga el deudor no beneficia a los avalistas. Conviene comunicar el crédito en el concurso y, a la vez, dirigirse contra los avales.