Abogado fiscal en Albacete

No lo ignore: tiene un plazo, normalmente de diez días hábiles, que puede ampliarse si lo solicita a tiempo. Aporte exactamente lo que se le pide, de forma ordenada y explicada, y sin añadir documentación que no se haya solicitado. Una buena contestación al requerimiento evita muchas veces que el asunto acabe en una liquidación o en un procedimiento sancionador.

Con carácter general, cuatro años, contados desde el día siguiente a que terminó el plazo para presentar la declaración. Ese plazo se interrumpe con cualquier actuación de Hacienda o del contribuyente dirigida a regularizar el impuesto, y vuelve a empezar. Además, Hacienda puede comprobar durante diez años las bases imponibles negativas y deducciones que se compensen o apliquen en ejercicios todavía no prescritos.

Con carácter general, el procedimiento de inspección debe terminar en 18 meses desde la notificación de su inicio, plazo que se amplía a 27 meses para grupos fiscales y empresas de mayor tamaño. El plazo puede ampliarse por suspensiones y dilaciones, y su incumplimiento tiene consecuencias, como que no se interrumpa la prescripción. Merece la pena revisarlo en cada caso.

Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Conviene consultarnos cuanto antes: cuanto más margen, mejor defensa.

No necesariamente. Puede solicitarse la suspensión de la deuda, con o sin garantía según el caso. Además, cuando se recurre en plazo una sanción impuesta directamente al contribuyente, su cobro queda suspendido de forma automática sin necesidad de aportar garantía. Esta suspensión automática no se aplica a las sanciones que Hacienda reclama mediante una derivación de responsabilidad.

Sí. La sanción se reduce un 30 % si da su conformidad a la propuesta de regularización, y un 65 % en las actas con acuerdo. Además, se aplica una reducción adicional del 40 % por pronto pago si abona la sanción en plazo y no la recurre. Antes de aceptar, conviene estudiar si la sanción se sostiene, porque muchas pueden anularse por falta de motivación de la culpabilidad.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional resuelve las reclamaciones contra las liquidaciones, sanciones y demás actos de Hacienda. Es una vía gratuita y obligatoria antes de acudir a los tribunales: la reclamación se presenta en el plazo de un mes desde la notificación del acto, directamente o después de un recurso de reposición.

Sí. Si la deuda no se paga en el periodo voluntario ni en el plazo que concede la providencia de apremio, Hacienda puede embargar cuentas, salarios por encima del mínimo legal y otros bienes. Un aplazamiento o una solicitud de suspensión bien planteada puede evitar el embargo.

Sí, mediante una derivación de responsabilidad. Hacienda puede reclamar a los administradores las deudas de la sociedad, por ejemplo cuando han cesado en la actividad sin pagar o no han hecho lo necesario para que la empresa cumpliera sus obligaciones, y también a quien continúa la actividad de otra empresa. Explicamos los supuestos más habituales en nuestro artículo sobre la derivación de responsabilidad solidaria.

Sí. Se puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento cuando la situación económica impide pagar a tiempo. Por debajo de un determinado importe no se exige garantía, y la solicitud presentada en periodo voluntario evita el recargo de apremio mientras se tramita. Conviene presentarla bien justificada y con un calendario de pagos realista.

Cuando se tienen participaciones en una o varias sociedades y se quiere reinvertir sus beneficios. Si se cumplen los requisitos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades —en general, una participación de al menos el 5 % mantenida durante un año—, los dividendos y plusvalías que recibe la holding quedan exentos en un 95 %. Exige analizar costes, estructura y riesgos antes de dar el paso.

Depende sobre todo del beneficio. El autónomo tributa en el IRPF con tipos progresivos que crecen con la renta, mientras que la sociedad tributa a un tipo fijo en el Impuesto sobre Sociedades. A partir de cierto nivel de beneficios la sociedad suele resultar más ventajosa, pero tiene más costes y obligaciones, y el dinero que el socio saca de ella vuelve a tributar. Hay que hacer números con su caso concreto.

La comprobación limitada la hacen los órganos de gestión, se centra en aspectos concretos de una declaración y no puede durar más de seis meses. La inspección es más amplia: puede revisar la contabilidad y varios impuestos y ejercicios, y dura hasta 18 meses (27 en empresas grandes o grupos). En ambas conviene preparar bien cada respuesta desde el primer requerimiento.

La deuda pasa al periodo ejecutivo y se le aplica un recargo: del 5 % si paga antes de recibir la providencia de apremio, del 10 % si paga en el plazo que esta le da y del 20 %, más intereses, si no lo hace. Después Hacienda puede embargar cuentas, nóminas o bienes. Pedir un aplazamiento antes de que acabe el plazo voluntario evita los recargos.

Sí. Si el error está en su propia declaración, se pide su rectificación; si pagó una liquidación indebida o por duplicado, se pide la devolución de ingresos indebidos. Tiene cuatro años para hacerlo y Hacienda debe devolverle el importe con intereses de demora.

Los que estén vinculados a su actividad, justificados con factura a su nombre y anotados en sus libros. Si trabaja desde casa puede deducir una parte de los suministros, en proporción a la superficie que dedica a la actividad. Los gastos personales o mixtos sin justificar son los que Hacienda rechaza con más frecuencia.