Venta de unidades productivas en concurso

La venta de unidades productivas en el concurso permite transmitir en bloque un conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica (instalaciones, maquinaria, clientes, contratos y trabajadores), de modo que el negocio continúe en manos de un adquirente. Con carácter general, la venta en funcionamiento obtiene un valor superior a la liquidación separada de los bienes y preserva el empleo.

El despacho asesora a compradores, vendedores, acreedores y trabajadores en operaciones de venta de unidades productivas, incluido el procedimiento de pre-pack, en Albacete y en el resto de España, como parte de su práctica de abogado concursal en Albacete. La actuación se ajusta al texto refundido de la Ley Concursal y a la jurisprudencia de los juzgados de lo mercantil y de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Venta dentro del concurso y pre-pack

La venta puede realizarse en cualquier fase del concurso, con autorización del juez, previa audiencia de los acreedores y de los representantes de los trabajadores. La legislación concursal permite, además, preparar la operación antes de la declaración de concurso: el deudor puede solicitar al juzgado el nombramiento de un experto que recabe ofertas para la unidad productiva, de forma que la venta pueda aprobarse con rapidez una vez declarado el concurso. Actuar pronto es determinante, ya que cuanto más se deteriora la actividad, menor es el valor de la unidad productiva y el número de interesados.

Perímetro y valoración

La operación exige delimitar con precisión el perímetro de lo que se transmite: activos, contratos, licencias, arrendamientos y trabajadores. Sin la cesión de los arrendamientos, licencias o contratos esenciales, el negocio adquirido puede no ser operativo. El precio de una unidad productiva no es la suma del valor de sus bienes, sino que depende de su capacidad de generar caja, de los contratos que se transmiten y de las cargas que asume el adquirente, por lo que su valoración debe comparar el valor en funcionamiento con el valor de liquidación de los activos por separado.

Deudas que asume el adquirente

Por regla general, el adquirente de la unidad productiva no asume las deudas anteriores a la transmisión. La excepción principal se produce en el ámbito laboral y de Seguridad Social: cuando existe sucesión de empresa, el adquirente se subroga en los contratos de trabajo y puede asumir determinadas deudas salariales y de cotización, con los límites y en los términos que establecen la ley y el juez del concurso, a quien corresponde declarar la existencia de sucesión y su alcance. La delimitación de estas deudas es la cuestión clave de cada operación, ya que puede alterar por completo el precio real de la compra.

Puede adquirir la unidad productiva cualquier persona o empresa, incluidos los propios trabajadores; cuando el adquirente es una persona especialmente relacionada con el concursado, se aplican reglas más estrictas. Los ajustes de plantilla vinculados a la operación deben negociarse y tramitarse conforme a la ley.

Ofertas y autorización judicial

Las ofertas deben ser vinculantes y precisar el perímetro, el precio, las garantías, los plazos y las condiciones de subrogación; una oferta poco concreta tiene escasas posibilidades frente a otras. Tras la autorización judicial, se formaliza la transmisión, la cancelación de las cargas y la continuidad de los contratos y licencias. Esta vía es una alternativa a la compraventa de empresas ordinaria cuando el vendedor es insolvente, y puede resultar también la salida de un plan de reestructuración inviable o de un concurso de acreedores.