Procedimiento especial de microempresas en insolvencia

El procedimiento especial para microempresas es el cauce de insolvencia introducido por la Ley 16/2022 para las empresas de menor dimensión, que no acuden al concurso ordinario ni a los planes de reestructuración. Se tramita de forma predominantemente electrónica, mediante formularios oficiales, y permite optar entre un plan de continuación de la actividad o una liquidación ordenada, con la posibilidad de exoneración de deudas cuando el titular es persona física.

El despacho asesora a microempresas y autónomos en la elección de la vía, la preparación del plan y la tramitación del procedimiento, en Albacete y en el resto de España, como parte de su práctica de abogado concursal en Albacete. La actuación se ajusta al libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal.

Ámbito de aplicación

Tienen la consideración de microempresas, a estos efectos, las personas naturales o jurídicas que desarrollan una actividad empresarial o profesional y que han empleado durante el año anterior a la solicitud una media de menos de diez trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas (art. 685 del texto refundido de la Ley Concursal). Para quienes reúnen estos requisitos, el procedimiento especial es el cauce aplicable a su insolvencia. Puede iniciarse no solo en situación de insolvencia actual o inminente, sino también ante la probabilidad de insolvencia, cuando aún existe margen para salvar la actividad.

Plan de continuación

Si la actividad es viable, el deudor puede proponer un plan de continuación con quitas, esperas u otras medidas, que se somete a la votación de los acreedores conforme a las reglas especiales del procedimiento. El plan debe ser realista y ofrecer a los acreedores, al menos, lo que obtendrían en una liquidación. A título orientativo, una microempresa viable con 300.000 euros de deuda y capacidad para destinar 5.000 euros mensuales a su pago podría proponer una quita del 40 % con pago del resto en tres años, es decir, 180.000 euros en 36 meses, lo que permite mantener la actividad y que los acreedores perciban más que en una liquidación.

Liquidación

Cuando la continuidad no es posible, el procedimiento permite la liquidación ordenada del patrimonio, incluida la venta de la empresa en funcionamiento, que suele obtener un valor superior a la venta separada de sus bienes. Si la microempresa carece de bienes, el propio procedimiento prevé una liquidación sin masa con reglas propias, distinta del concurso sin masa aplicable a otros deudores. Cuando el titular es una persona física, la conclusión del procedimiento le permite solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho conforme a la Ley de Segunda Oportunidad.

Riesgos y preparación

Aunque la tramitación mediante formularios aparenta sencillez, un plan mal planteado se rechaza o se incumple, y las impugnaciones de los acreedores exigen una defensa técnica. Deben evitarse, además, la ocultación de deudas o bienes, que puede impedir la exoneración y conducir a una calificación culpable, y los pagos preferentes a determinados acreedores antes de la solicitud, que pueden ser objeto de rescisión. La elección entre continuar y liquidar debe apoyarse en un diagnóstico de las cuentas, las deudas y las previsiones del negocio, y, en su caso, en un plan de viabilidad.