Recursos frente a Hacienda y devolución de ingresos indebidos

Los recursos frente a Hacienda permiten impugnar las liquidaciones y sanciones tributarias que no se ajustan a la ley, y la devolución de ingresos indebidos permite recuperar, con intereses de demora, los impuestos pagados en exceso. En ambos casos, los plazos son breves y la estrategia seguida en vía administrativa condiciona el resultado de una eventual fase judicial.

El despacho interpone recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas y recursos contencioso-administrativos en materia tributaria, y tramita solicitudes de rectificación y devolución, frente a la Agencia Tributaria, la Junta de Comunidades y las entidades locales. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia tienen su sede en Albacete. La actuación se ajusta a la Ley General Tributaria y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vías de recurso y plazos

Contra una liquidación o una sanción tributaria puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, o bien acudir directamente a la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo, que es obligatoria antes de la vía judicial. Ambos se interponen en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, plazo que no se amplía y cuyo transcurso determina la firmeza del acto. Dado que la reposición la resuelve el mismo órgano que liquidó, en muchos casos resulta más eficaz acudir directamente al tribunal.

En las reclamaciones de mayor cuantía cabe recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Si el tribunal no resuelve en el plazo de un año, el interesado puede entender desestimada la reclamación y acudir a la vía contencioso-administrativa, o esperar a la resolución expresa. El recurso contencioso-administrativo se interpone en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia y, cuando concurre interés casacional, puede llegarse al Tribunal Supremo. Contra los tributos locales, como la plusvalía municipal o el IBI, se interpone recurso de reposición y, después, recurso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo.

Suspensión del cobro

La interposición del recurso no suspende por sí sola la ejecución de la deuda. Sin suspensión, debe pagarse en plazo o la Administración iniciará el período ejecutivo, con sus recargos y la posibilidad de embargo. La suspensión puede obtenerse aportando garantía (aval, depósito u otras admitidas) y, en determinados supuestos, sin ella. Las sanciones recurridas, en cambio, quedan suspendidas automáticamente sin necesidad de garantía. Si el recurso prospera después de haber pagado, se devuelve lo ingresado con intereses de demora; si se pierde con la deuda suspendida, se devengan intereses. En la reclamación económico-administrativa no se imponen costas, salvo temeridad o mala fe, lo que limita el riesgo económico de recurrir.

Rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos indebidos

Cuando el exceso de ingreso procede de un error en la propia declaración, por ejemplo una deducción, un gasto o una reducción no aplicados, debe solicitarse su rectificación; en el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades se realiza actualmente mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa. Cuando el pago deriva de una liquidación posteriormente anulada o de un ingreso duplicado, procede la solicitud de devolución de ingresos indebidos. Un supuesto frecuente es la plusvalía municipal satisfecha en la venta de un inmueble sin incremento real de valor.

El plazo para solicitar la devolución es, con carácter general, de cuatro años desde la finalización del plazo de declaración o desde la fecha del ingreso indebido, y la cantidad devuelta devenga intereses de demora desde la fecha del ingreso hasta que se ordena el pago. La Administración dispone de seis meses para resolver la rectificación; si no lo hace, puede entenderse desestimada y recurrirse, sin perjuicio de su obligación de resolver.

Prueba y estrategia

La prueba debe aportarse preferentemente en la vía administrativa, ya que en sede judicial su práctica es más limitada. El análisis previo del expediente, la elección de la vía y la petición de suspensión son las decisiones que más influyen en el resultado. Estos recursos son el paso natural tras una inspección o sanción de Hacienda y tras una comprobación de valores, y forman parte de la práctica de abogado fiscal en Albacete del despacho.