Derecho bancario y cláusulas abusivas en Albacete

El derecho bancario comprende las reclamaciones frente a entidades financieras derivadas de cláusulas abusivas o de intereses usurarios en préstamos hipotecarios, créditos al consumo y tarjetas. Cuando se declara la nulidad de la cláusula o del contrato, la entidad debe restituir lo percibido indebidamente, con sus intereses, y dejar de aplicar la cláusula anulada.

El despacho revisa contratos bancarios y reclama frente a las entidades financieras en Albacete y en el resto de España, como parte de su práctica de abogado civil en Albacete, y defiende también a los consumidores frente a las reclamaciones de deuda de las propias entidades. La actuación se ajusta al Código Civil, a la Ley de Represión de la Usura, a la normativa de protección de los consumidores y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Gastos hipotecarios

En los préstamos hipotecarios formalizados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, el 16 de junio de 2019, era habitual imputar al prestatario la totalidad de los gastos de constitución. La jurisprudencia ha declarado abusiva esa imputación y ha reconocido el derecho del consumidor a recuperar los gastos de registro y de gestoría, la mitad de los de notaría y, en muchos casos, los de tasación, con los intereses legales desde la fecha de su pago. El cómputo del plazo de prescripción de esta acción ha sido objeto de una intensa controversia judicial, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide hacerlo correr sin más desde la firma, por lo que no debe darse por perdida la reclamación sin un análisis previo del caso.

Cláusula suelo, IRPH y control de transparencia

Las cláusulas que limitan la bajada del tipo de interés (cláusulas suelo) pueden anularse cuando no superan el control de transparencia, es decir, cuando no se informó al consumidor de forma clara y comprensible de su existencia y de sus consecuencias económicas, con la consiguiente devolución de lo cobrado en exceso. En los préstamos referenciados al IRPH, el índice no es nulo por sí mismo, pero los tribunales examinan caso por caso si la información facilitada en el momento de la contratación fue suficiente.

Tarjetas revolving y créditos usurarios

Las tarjetas revolving permiten aplazar el pago de las compras mediante cuotas reducidas, con un tipo de interés muy elevado que hace que la deuda apenas disminuya. Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, el interés de estas tarjetas es usurario cuando supera en más de seis puntos porcentuales el tipo medio de las operaciones de tarjetas de crédito de pago aplazado publicado por el Banco de España para la fecha del contrato. La declaración de usura determina la nulidad del contrato: el prestatario solo debe devolver el capital efectivamente dispuesto, y la entidad debe restituir todo lo percibido por encima de esa cantidad, incluidos intereses, comisiones y seguros.

Aunque el interés no alcance el umbral de la usura, la cláusula puede anularse si no superó el control de transparencia por no haberse explicado con claridad el funcionamiento del crédito y su coste. Cada mes que transcurre sin revisar el contrato supone el pago de intereses que podrían no ser debidos.

Procedimiento de reclamación

La reclamación comienza con la revisión de la escritura o del contrato, las facturas y los extractos, que permite identificar las cláusulas reclamables y cuantificar lo pagado en exceso, comparando el tipo aplicado con el interés medio del mercado para ese producto. Si no se dispone de la documentación, pueden solicitarse copias al notario y a la propia entidad. A continuación se formula la reclamación a la entidad y se intenta, cuando la ley lo exige, un medio adecuado de solución de controversias; si la entidad no atiende la reclamación, se interpone la demanda con solicitud de condena en costas.

Las ofertas de acuerdo de las entidades deben analizarse con cifras, ya que en ocasiones restituyen solo una parte de lo debido a cambio de la renuncia al resto. Cuando el endeudamiento con entidades financieras resulta inasumible, puede valorarse la Ley de Segunda Oportunidad.